La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en la derivada que examina presuntos amaños en operaciones vinculadas a empresas públicas, ayudas estatales y sociedades estratégicas. La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, su condición de investigado no implica condena ni culpabilidad, pero sí lo obliga a explicar ante la Audiencia Nacional cuál fue su papel en los expedientes bajo sospecha.
Su función cobra especial relevancia debido a que Gestión Interna constituye un departamento fundamental en cualquier entidad pública empresarial. Desde dicha estructura se gestionan expedientes, documentación, flujos administrativos, avisos internos y recursos indispensables para esclarecer la tramitación de las resoluciones. Por esta razón, la inclusión de Azcona entre los imputados no debe considerarse un detalle menor: impacta directamente en un ámbito de fiscalización interna perteneciente a la SEPI.
Según las informaciones publicadas, Azcona trabajaba bajo la estructura de Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI, junto a otros perfiles internos como Rosario Martínez Manzanedo, vinculada a la evaluación de proyectos. Todos ellos aparecen relacionados porque habrían participado, desde distintos niveles de responsabilidad, en expedientes que ahora están siendo revisados por la Justicia.
La causa se centra en varias operaciones bajo sospecha, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros; actuaciones vinculadas a Mercasa y ENUSA; operaciones relacionadas con el Parque Empresarial Principado de Asturias; y movimientos en torno a Forestalia. El País ha señalado que la Audiencia Nacional investiga cinco operaciones que sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y en las que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones.
El aspecto más delicado en relación con Azcona radica en la sospecha sobre la posible obtención o difusión de datos confidenciales. Diversos medios de comunicación han señalado que las pesquisas apuntan hacia un intercambio constante de mensajes entre directivos de la SEPI y el antiguo titular de la entidad, Vicente Fernández, quien figura como uno de los ejes principales de la trama analizada al lado de Leire Díez y Antxon Alonso. El interrogante fundamental que se debe despejar consiste en determinar si Azcona suministró datos reservados, colaboró en gestiones o participó de alguna manera en expedientes complejos, o si su labor se redujo exclusivamente a tareas rutinarias dentro del organigrama institucional.
La investigación no analiza únicamente decisiones finales, sino también el camino por el que esas decisiones llegaron a adoptarse. En un caso de presunta influencia sobre ayudas públicas, tan importante como saber quién aprobó una operación es determinar quién preparó los expedientes, quién tuvo acceso a la documentación, quién informó de los pasos internos y quién pudo abrir puertas dentro del organismo. Ahí es donde el perfil de un director de Gestión Interna adquiere una relevancia evidente.
La imputación de Azcona acrecienta la sospecha de que la supuesta red no habría operado únicamente desde el exterior. Si los investigadores ven oportuno llamar a declarar a directivos internos de la SEPI, se debe a que procuran reconstruir posibles vías de comunicación en el seno de la entidad. Dicha vertiente resulta particularmente dañina para la reputación institucional: una red de influencias precisa de datos, vínculos y coyunturas favorables. Los tribunales tendrán que esclarecer si tales factores se dieron y quién pudo facilitarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona tendrá que aclarar ante el magistrado cuáles eran sus tareas específicas en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por sus manos, de qué manera se relacionó con los demás imputados y si mantuvo contacto con Vicente Fernández o con individuos del grupo Hirurok. Igualmente, resultará fundamental esclarecer si participó o tuvo acceso al expediente de Tubos Reunidos, uno de los asuntos centrales de la investigación, así como determinar si sus gestiones quedaron registradas siguiendo los protocolos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que afecta a dinero público, empresas estratégicas, rescates millonarios y presuntas comisiones. Que el director de Gestión Interna de la SEPI aparezca en esa lista obliga a exigir transparencia completa sobre los expedientes, las comunicaciones y los controles internos del organismo.
La pieza SEPI del caso Leire continúa perfilando un escenario preocupante: altos cargos, empresarios, antiguos directivos, técnicos y personal interno se encuentran bajo el escrutinio de la justicia. Dentro de este entramado, Félix Azcona Lacarra constituye un elemento clave para esclarecer si la SEPI sufrió coacciones desde el exterior o si, por el contrario, la supuesta trama halló vías eficaces de actuación en el interior de la entidad. Precisamente, este interrogante es el que la Audiencia Nacional debe despejar ahora.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
