El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos en plataformas digitales que contravenían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala sancionó con una penalización económica de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, quien para ese momento competía por la presidencia bajo la alianza formada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de propaganda proselitista prematura en plataformas digitales.
La resolución convirtió a Arzú en el primer aspirante presidencial sancionado durante ese proceso electoral por este tipo de infracción. La decisión surgió de los informes elaborados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de propaganda electoral.
Las publicaciones que motivaron la sanción
El organismo electoral registró 13 publicaciones en el perfil de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el propósito de incrementar su difusión. Asimismo, los informes empleados para justificar la medida disciplinaria incluyeron 11 entradas detectadas en Twitter.
Entre los contenidos examinados figuraban mensajes en los que el candidato presentaba propuestas de gobierno relacionadas con el turismo, el sistema de salud y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los medicamentos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en el uso de redes sociales por parte de Arzú para dar a conocer sus planes políticos, sino en el empleo de vías de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE en calidad de proveedores autorizados dentro del esquema mediático de propaganda electoral.
En consecuencia, la contratación de anuncios políticos pagados en esas plataformas podía constituir una infracción a la legislación electoral.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
La sanción no recayó exclusivamente sobre el aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas de 80 mil dólares cada uno.
De esta manera, las sanciones correspondientes al candidato y las dos organizaciones políticas alcanzaban conjuntamente los 240 mil dólares.
Existía la oportunidad para Arzú y sus socios políticos de recurrir contra dichos fallos empleando los recursos previstos por la normativa electoral.
Pese a ello, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el TSE había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
El valor personal que se le impuso a Arzú alcanzaba en ese momento los 614 mil quetzales, un importe bastante significativo dentro del sistema de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La sanción impuesta en 2019 cobró mayor importancia durante los años posteriores, época en la que Roberto Arzú se vio nuevamente bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral debido a su activismo político y al empleo de las redes sociales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
Sin embargo, es preciso diferenciar ambos acontecimientos: tanto los fallos dictados en 2019 como el trámite de exclusión llevado a cabo en 2023 se refieren a procesos electorales distintos, cada uno con sus propias vías de impugnación y circunstancias previas.
El episodio de 2019 se alza, por consiguiente, como uno de los choques iniciales registrados entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de relieve las fricciones manifestadas en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en un momento en que los equipos de campaña empezaban a desplazar un sector sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Referencias
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones (2019)
Prensa Libre — Dictamen de la CC acerca de los comicios de 2023
