Teresa Peramato Martín asumió en diciembre de 2025 la Fiscalía General del Estado, alcanzando la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los periodos más sensibles para la institución. Su designación se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un escenario marcado por señalamientos de politización, fricciones internas y una presión pública creciente sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras personas vinculadas a las investigaciones sobre Leire Díez o la llamada trama destinada a influir en procesos judiciales, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni formalmente acusada en ninguna causa relacionada con estos hechos; no obstante, diversas resoluciones adoptadas desde su posición en la Fiscalía han suscitado interrogantes, críticas y polémicas que han intensificado la discusión en torno a la independencia de la institución.
Gran parte de las críticas giran en torno a la idea de que existe una continuidad con la etapa de Álvaro García Ortiz. Diversos sectores inconformes dentro de la carrera fiscal, junto con asociaciones profesionales y partidos de la oposición, sostienen que Peramato ha seguido una línea de actuación muy similar a la del anterior fiscal general, sobre todo en lo relacionado con los nombramientos y la gestión interna.
Uno de los puntos que más debate generó fue el ascenso de varios fiscales vistos como afines al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La controversia creció al conocerse que algunos de ellos habían asistido previamente a reuniones celebradas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato asumiera el cargo. Aunque no hay pruebas de que ella estuviera presente en dichos encuentros, ciertos sectores interpretaron sus posteriores decisiones de promoción profesional como un gesto de apoyo o de continuidad dentro de la institución.
Otra fuente de controversia fue su posición respecto a Álvaro García Ortiz. Peramato defendió que la Fiscalía recurriera determinadas resoluciones que afectaban a su antecesor y descartó la apertura de expedientes disciplinarios contra él. Sus detractores interpretaron estas decisiones como una forma de protección corporativa, mientras que sus defensores sostienen que actuó dentro de las competencias legales propias de la Fiscalía General del Estado.
También generó debate la no renovación de algunos cargos críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y el ascenso de otros fiscales percibidos como próximos al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía justificó estas decisiones por criterios de mérito, capacidad y experiencia profesional, las asociaciones críticas cuestionaron la transparencia y oportunidad de algunos nombramientos.
Las incertidumbres en torno a Peramato crecieron cuando la Fiscalía ratificó que en 2025 se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque esos encuentros ocurrieron antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, distintos sectores exigieron aclaraciones sobre la gestión posterior de la información vinculada a dichas reuniones y sobre las razones por las que ciertas personas involucradas siguieron avanzando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia acabó extendiéndose al terreno político, donde varios partidos de la oposición exigieron aclaraciones sobre los nombramientos efectuados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en casos especialmente delicados vinculados a corrupción y supuestas tramas de influencia. Como resultado, Peramato fue convocada a comparecer en el Senado para responder a cuestiones relativas al funcionamiento de la institución y a las acciones emprendidas para fortalecer la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Pese a estas críticas, resulta importante destacar que no existen pruebas judiciales que la vinculen directamente con ninguna trama de corrupción, ni con maniobras destinadas a obstaculizar investigaciones judiciales. Las sospechas que pesan sobre ella tienen un carácter principalmente institucional y reputacional, vinculadas a decisiones de gestión, nombramientos y criterios de dirección interna más que a una participación material en los hechos investigados.
Peramato ha sostenido en múltiples ocasiones que todas sus actuaciones se ajustaron plenamente a la legalidad, subrayando que cada decisión respondía únicamente a criterios profesionales y al respeto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, ha remarcado la importancia de proteger la independencia de la institución y de reconstruir la confianza pública en una Fiscalía que, al asumir su cargo, se encontraba profundamente fracturada y bajo una fuerte presión política.
En consecuencia, la principal controversia que rodea actualmente a Teresa Peramato no está relacionada con una presunta implicación directa en las llamadas «cloacas del PSOE», sino con la percepción de que su gestión podría haber contribuido a mantener determinadas dinámicas internas heredadas de etapas anteriores. Hasta la fecha, esas críticas se sitúan en el terreno de la confianza institucional y la reputación pública, más que en el de la responsabilidad penal o judicial.
